Con el impulso del jefe de Gobierno, Jorge Macri, la Legislatura porteña aprobó una reforma del Código Contravencional para endurecer las sanciones contra cuidacoches y limpiavidrios. La nueva norma habilitará detenciones con penas que van desde los 10 días hasta los 2 meses de cárcel, además de un fuerte aumento de multas y sanciones para clubes u organizaciones vinculados con estas prácticas.
Tras lograr la sanción de la norma, Jorge Macri celebró la medida en sus redes sociales afirmando que aprobaron una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien, rematando con la frase ley y orden. A través de un video con imágenes alusivas y testimonios de personas afectadas, el alcalde porteño se diferenció de las gestiones anteriores, que habían establecido solo sanciones económicas para los trapitos, señalando que se dejó que esta mafia se apropiara de las calles y que una banda de extorsionadores decidiera dónde podías estacionar, por lo que advirtió que ya no hay más advertencia y que si sos trapito, te mete preso.
La Ley 6961 amplía las facultades de control del Gobierno porteño y de la Policía de la Ciudad, que podrá detener a quienes se apropien del espacio público y extorsionen a vecinos tanto en la vía pública como durante eventos masivos. La reforma, que contó con 36 votos afirmativos, se consensuó con legisladores de distintas fuerzas políticas partiendo de la base de que entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se registraron 13.149 contravenciones vinculadas con estas prácticas. Hasta ahora, las sanciones se limitaban a multas que el jefe de Gobierno consideró incobrables, argumentando que a un trapito no le importa una multa y se le ríe en la cara a la Policía, justificando así la política de tolerancia cero.
El texto de la ley explica que el esquema de penalizaciones económicas vigente era insuficiente, ya que la baja entidad de las sanciones favorecía la repetición de la conducta y minaba la convivencia urbana. Ahora, el nuevo régimen distingue entre infractores ocasionales y quienes organizan o coordinan el cobro ilegal, estableciendo penas diferenciadas según el contexto. En eventos masivos, cuando se demuestre organización previa o existencia de bandas, la detención será de 20 a 50 días, mientras que para quienes cuiden coches de manera ilegal en cualquier calle, la detención será de 10 a 30 días, y los jefes o promotores podrán recibir hasta 60 días de cárcel.
Las penas se duplicarán en situaciones de violencia, acoso o cuando se aproveche la vulnerabilidad del conductor o el entorno, estipulándose además que si la conducta incluye intimidación, persistencia o desigualdad de género, la sanción se duplicará respecto de los mínimos y máximos previstos. Por otra parte, los días de trabajo comunitario se amplían de dos a un rango de 20 a 45 días, mientras que las multas pasan de un rango previo de $50.000 a $285.000 a un piso que arranca en los $1.139.988.
El magistrado que intervenga en una detención tendrá que poner en conocimiento de los infractores la oferta de programas de asistencia a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Sin embargo, en sintonía con la línea dura impuesta, quienes lideren o promuevan la actividad podrán ser excluidos de estos programas estatales por dos años para desalentar la repetición.
La prohibición y las nuevas penas se aplicarán a cualquier evento realizado en la Ciudad, expandiendo el área de control hasta 50 cuadras a la redonda y extendiendo el horario de prohibición desde seis horas antes del inicio hasta tres horas después del final. Si se comprueba la participación directa o indirecta de integrantes de clubes, instituciones u organizadores en la actividad ilegal, el Gobierno de la Ciudad podrá duplicar las multas, elevándolas a montos de entre $10 millones y $20 millones de pesos, al tiempo que las clausuras preventivas subirán a un máximo de 90 días frente a los 30 días previos.
La reforma parte del diagnóstico de que el fenómeno del trapito dejó de ser un mero ofrecimiento informal, concluyendo que en muchas ocasiones la conducta involucra presión o intimidación directa. De esta manera, los conductores se ven forzados a pagar para evitar conflictos o represalias en zonas de la Ciudad que llegan a funcionar como territorios tomados por quienes ejercen el rol de cuidacoches de forma ilegal.
