Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por el bloque de La Libertad Avanza propone modificar la Ley N.º 1.854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para evitar que los establecimientos gastronómicos sean sancionados cuando la falta de recolección de residuos sea responsabilidad de la empresa contratada para prestar ese servicio.
La iniciativa, identificada como expediente 2057-D-2026, fue impulsada por la legisladora Andrea Freguia y cuenta con las coautorías de Marcelo Gregorio Ernst, Juan Ignacio Fernández, Solana Pelayo, María del Pilar Ramírez, Sandra Mónica Rey y Leonardo Saifert.
El proyecto propone modificar el artículo 48 de la normativa vigente para establecer que los locales gastronómicos comprendidos en el régimen de Generadores Especiales de Residuos Sólidos Urbanos queden exentos de responsabilidad administrativa e infraccional cuando acrediten haber contratado un operador habilitado, contar con un contrato vigente, haber acordado una frecuencia y franja horaria para el retiro de los residuos y haber denunciado por los canales oficiales el incumplimiento del prestador.
De aprobarse la iniciativa, los comercios que cumplan con esos requisitos no podrán ser sancionados con multas, clausuras, inhabilitaciones, intimaciones ni registrar antecedentes infraccionales cuando la recolección no se realice dentro del plazo de tolerancia que determine la autoridad de aplicación.
No obstante, el proyecto aclara que esta exención no habilita el abandono ni la disposición irregular de residuos en la vía pública. Mientras aguardan el retiro, los establecimientos deberán mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene, seguridad, separación y contención.
La propuesta también establece que la exención no será aplicable cuando existan derrames, obstrucciones graves de la vía pública, mezclas indebidas de residuos, riesgos sanitarios, denuncias falsas o incumplimientos propios del establecimiento. Asimismo, excluye de este beneficio a los residuos alcanzados por regímenes especiales, como los peligrosos, patogénicos, industriales especiales, radiactivos y aceites vegetales usados.
Otro de los ejes del proyecto es la incorporación de un nuevo artículo 48 bis, que obliga a la autoridad de aplicación a habilitar una vía digital específica para que los establecimientos gastronómicos denuncien la falta de retiro de residuos por parte del operador contratado.
Ese sistema deberá permitir adjuntar la identificación del comercio, el contrato vigente, la frecuencia pactada para el servicio, fotografías de los residuos no retirados y la constancia del reclamo realizado a la empresa prestadora. Además, la autoridad competente tendrá un plazo de 24 horas para verificar los hechos antes de aplicar sanciones relacionadas con la falta de recolección.
La iniciativa también prevé que, una vez vencido el plazo de tolerancia sin que se haya concretado el retiro, el establecimiento pueda contratar otro operador habilitado o solicitar un servicio de emergencia a la autoridad competente. En caso de comprobarse el incumplimiento, los costos del retiro extraordinario deberán ser afrontados por el operador responsable.
En los fundamentos del proyecto, sus autores sostienen que la legislación vigente puede generar situaciones en las que comercios que cumplen con todas sus obligaciones terminan siendo sancionados por incumplimientos atribuibles a terceros. En ese sentido, afirman que la propuesta busca fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la eficiencia administrativa y dirigir las sanciones hacia los operadores que efectivamente incumplen con la prestación del servicio.
Además, remarcan que la iniciativa pretende preservar la higiene urbana, evitar la acumulación de residuos en la vía pública y establecer un procedimiento claro para la denuncia y verificación de los incumplimientos, especialmente en el sector gastronómico, donde la generación diaria de residuos orgánicos requiere una recolección frecuente.
