Dos proyectos de ley presentados por legisladores de La Libertad Avanza buscan simplificar los trámites para actividades económicas y modificar el régimen de procedimientos administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Las iniciativas apuntan a digitalizar gestiones, acelerar habilitaciones y establecer que, en determinados casos, la falta de respuesta del Estado implique la aprobación del trámite.
Los proyectos fueron presentados este lunes en la Legislatura porteña por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, María del Pilar Ramírez, junto a otros legisladores. Las iniciativas están vinculadas entre sí y plantean una reforma orientada a reducir cargas burocráticas y agilizar la relación entre ciudadanos, empresas y el Gobierno porteño.
Uno de los proyectos propone crear una denominada Ley de Libertad Comercial, destinada a simplificar los trámites vinculados con actividades económicas, comerciales, productivas y de servicios. Entre sus principales medidas aparece la creación de una Ventanilla Única Digital de Actividades Económicas, que permitiría concentrar en un solo canal los trámites para iniciar, modificar, renovar, transferir o dar de baja una actividad.
También se plantea implementar un Legajo Digital Único para evitar que distintas dependencias del Estado vuelvan a solicitar documentación que ya se encuentra registrada.
Para las actividades consideradas de bajo riesgo, la iniciativa propone un sistema de habilitación automática. Una vez presentada la documentación requerida, el interesado podría comenzar a trabajar sin esperar una inspección previa, mientras que los controles se realizarían posteriormente.
El segundo proyecto busca modificar la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad para ampliar los casos en los que el silencio de la Administración pueda tener efecto positivo. Es decir, cuando una persona cumpla con los requisitos establecidos y el Estado no responda dentro del plazo correspondiente, el trámite podría considerarse aprobado.
La propuesta establece algunas excepciones. El silencio positivo no se aplicaría, entre otras áreas, a cuestiones vinculadas con salud pública, seguridad, educación, medio ambiente, servicios públicos o bienes de dominio público, salvo que una norma específica establezca lo contrario.
Además, cuando una normativa especial no establezca un plazo para resolver un trámite, el proyecto fija un máximo de 60 días. Una vez vencido ese período sin una respuesta oficial, podría configurarse el silencio administrativo correspondiente.
Los autores de las iniciativas sostienen que el objetivo no es eliminar los controles, sino reducir demoras y trámites innecesarios, aumentar la digitalización y exigir una mayor responsabilidad a la Administración. Ambos proyectos deberán ser tratados por la Legislatura antes de que puedan convertirse eventualmente en ley.