El jefe de Gobierno porteño remitió una iniciativa integral para modificar la normativa de convivencia y el procedimiento local, estableciendo penalizaciones severas que incluyen multas millonarias, trabajos de utilidad pública y días de arresto para diversas infracciones.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires envió a la Legislatura porteña un proyecto de reforma integral del Código Contravencional (Ley 1.472) y de la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley 12) con el propósito de endurecer las sanciones y ampliar las herramientas de control urbano. La iniciativa contempla multas superiores a los 7 millones de pesos por conducir alcoholizado, montos de hasta 58 millones de pesos por venta ilegal en el espacio público y penas de hasta 90 días de arresto para los denominados "trapitos" reincidentes.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, fundamentó el envío de la normativa al señalar que el Estado no puede ceder ante las mafias ni los violentos, remarcando que el objetivo principal es garantizar el cumplimiento estricto de la ley y castigar las conductas que alteran la convivencia. En ese sentido, el proyecto incorpora nuevas figuras vinculadas a la convivencia urbana, la seguridad y la protección digital, adaptando además las penalidades para los adolescentes de entre 14 y 17 años en consonancia con la Ley Nacional de Justicia Penal Juvenil.
Entre las principales incorporaciones figuran sanciones específicas para el acoso callejero, las estafas digitales —como el phishing simulando entidades bancarias—, la posesión de elementos destinados a provocar disturbios y el financiamiento de agrupaciones violentas. Asimismo, se endurecen los castigos por vandalismo y entorpecimiento de cámaras de videovigilancia pública, buscando frenar la impunidad en distintos ámbitos de la vía pública y los eventos masivos.